Ley de Responsabilidad Penal: “Una ley necesaria”

1797586_285078464980163_1884422230_nHace muy pocos días falleció Gonzalo Rivero, un obrero de la construcción de 35 años, padre de 5 hijos, militante del SUNCA. Rivero murió aplastado por una columna de hormigón y a consecuencia de una mala organización del trabajo y de precarias condiciones laborales.

El dolor, transformado en organización y movilización, por el SUNCA, como en todos los casos anteriores, le dio visibilidad a esta muerte. Aun así la cobertura mediática fue casi nula. Se informa de accidentes de tránsito, de hurtos y rapiñas, aunque terminen sin víctimas, y si terminan con víctimas, muchísimo más; pero si muere una trabajadora o un trabajador en un accidente de trabajo no merece la atención de los medios, y por lo tanto no integra la agenda de debate de la sociedad.

En Uruguay, en este Uruguay de 2014, mueren más de 50 trabajadores al año en accidentes de trabajo, uno por semana. Hay 50 mil accidentes de diversa entidad y gravedad al año. Más de 600 trabajadores tienen accidentes graves y quedan con algún grado de discapacidad de por vida. Hoy día existen más de veinte mil pensiones por discapacidad producto de la siniestralidad laboral. Son cifras que golpean, que duelen, que conmueven, que rebelan.

Dos consideraciones sobre estos datos. La primera es que la realidad es mucho peor que estas cifras. Hay cientos o miles de accidentes laborales que nunca llegan a ser denunciados, no interviene el Banco de Seguros y por lo tanto no integran la estadística oficial. Expertos en la temática, como Walter Miglionico asesor del departamento de salud laboral del PIT-CNT, estiman que se registran en torno del 50% de los accidentes de trabajo, para muestra en momentos en que escribimos estas reflexiones un trabajador de la construcción de 56 años Acosta se debate en el CTI del Hospital de Clínicas “victima” de un accidenté de trabajo el viernes pasado sin implementos de seguridad y además sin registro a la seguridad social.

La segunda es que esta situación es ignorada, al menos en su real dimensión, por la mayoría de nuestro pueblo. Como ya dijimos este verdadero drama social no integra la agenda de debate público, ni mediática, ni política.

Que la situación cambia cuando se accede a la información lo muestran las enormes movilizaciones obreras, particularmente del último año, y también, el hecho inédito, del lanzamiento por las redes sociales del spot del SUNCA reclamando la aprobación de la ley que fue visto en 48 horas por más de 70 mil personas.

Es para atender esta situación concreta, un problema social grave y una demanda social organizada, y darle respuesta, que surge la propuesta de una ley que establezca la figura de la responsabilidad penal empresarial ante el incumplimiento de la normativa de seguridad laboral, cuando este incumplimiento ponga en grave riesgo concreto la vida de un trabajador o una trabajadora es evidente que no se trata de cualquier incumplimiento sino del que surge una alta probabilidad de riesgo para la vida o integridad.

Esta iniciativa surge desde el movimiento sindical, con un gran protagonismo del SUNCA, que ha realizado movilizaciones enormes e históricas para impulsarla, pero también ha realizado y realiza campañas de difusión y debate en todo el país y con todo el mundo.

La iniciativa fue discutida en la Cámara de Diputados por más de tres años, en la Comisión fueron recibidas más de 60 delegaciones, cámaras empresariales, sindicatos, expertos penales y laborales, catedráticos, todos dieron su punto de vista.

El proyecto original fue modificado atendiendo a esa discusión y finalmente puesto a consideración de la Cámara de Diputados. Fue aprobado en noviembre del año pasado únicamente con los votos del Frente Amplio, ahora está a consideración del Senado para su aprobación definitiva.

 Las Cámaras Empresariales adoptaron una primera estrategia, la del silencio, la de intentar que este tema pasara desapercibido se dilatara en el tiempo y quedara bloqueado. La movilización y la lucha del movimiento sindical y la decisión política del Frente Amplio hicieron que esa estrategia fracasara en Diputados.

Tanto fue así que ni las Cámaras Empresariales, ni los partidos de la derecha, presentaron una sola propuesta en tres años de discusión. Y no lo hicieron porque su objetivo real es que no haya ley, que no se vote ninguna ley, que todo siga como está. Recién en la propia sesión de la Cámara donde se discutía la aprobación del proyecto presentaron dos proyectos alternativos, uno el Partido Nacional y otro el Partido Colorado, ninguno de los dos atendía el problema real, los trabajadores que mueren por la mala organización del trabajo, más bien intentaban una salida política para no quedar tan expuestos con su voto contrario ante los miles de trabajadores y sus familias movilizados.

Ahora el debate está en la Cámara de Senadores, la bancada del Frente Amplio, asumió dos compromisos, ante la Mesa Política del FA y ante el movimiento sindical: que el proyecto tendría aprobación definitiva en marzo.

El PCU tiene una posición clara y firme al respecto. La ha expresado a lo largo del debate de tres años en la Cámara de Diputados y particularmente en la sesión que aprobó el proyecto por boca de Oscar Andrade, diputado de la 1001. Pero también lo ha hecho por sus militantes en todos los ámbitos del movimiento sindical, tanto en las discusiones como en la organización de la movilización y la lucha. Esta posición ha sido reafirmada la semana pasada con una declaración pública ante la muerte de Rivero. Esta declaración parece haber generado revuelo, no entendemos el motivo, pero en todo caso bienvenido sea, si ayuda al debate y a que se apruebe la ley. En la declaración el PCU condenó la muerte de Rivero, se solidarizó con su familia, respaldó la convocatoria a una movilización y expresó su posición favorable a la aprobación inmediata de la Ley.

A través de esta columna reafirmamos in tótum estos conceptos.

Tanto el movimiento sindical, como el Frente Amplio, y el PCU con él, tienen como política permanente e histórica buscar que las leyes se aprueben con el más amplio consenso social y político posible. Así se ha intentado durante tres años con este proyecto de ley, pero ha sido y será imposible. ¿Por qué? Porque algunas Cámaras Empresariales y la derecha política no quieren la ley. No la quisieron en estos tres años de discusión en Diputados y no la quieren ahora en el Senado. No hay modificación ninguna que se haga al proyecto que determine que lo apoyen.

El Proyecto ha sido debatido durante tres años, el Senado tiene que asumir esta discusión en Diputados y reafirmar lo hecho por la bancada del FA y votarlo sin dilaciones. ¿Ha surgido algún argumento nuevo? ¿Hay alguna propuesta diferente? No ninguna.

El argumento central de la derecha y de algunas cámaras empresariales es que este proyecto busca “meter empresarios presos”. Eso es falso.

 El artículo central del proyecto de Ley, breve y conciso por cierto, dice textualmente: “El empleador, o en su caso quien ejerciendo efectivamente en su nombre el poder de dirección de la empresa, no adoptare los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentación, de forma que pongan en peligro grave y concreto la vida, la salud o la integridad física del trabajador, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión”.

Especifica claramente las responsabilidades, que no tienen nada de abstracto, el empleador o quien ejerza la dirección de la empresa. Establece la conducta delictiva: no cumplir con la normativa vigente en seguridad laboral, pero no solo eso, poner en peligro grave y concreto la vida del trabajador. Finalmente la pena que se establece es, si se la compara con otros delitos de consecuencias menos graves, leve, y además excarcelable.

No hay ninguna cruzada anti empresaria. Hay una iniciativa que busca resguardar el derecho más importante que debe resguardar una sociedad: el derecho a la vida. Se trata de garantizarles el derecho a las y los trabajadores de volver vivos a su casa luego de la jornada laboral, ni más ni menos.

Es falso que con esta ley cualquier accidente laboral grave determinará que el empresario vaya preso. Esta ley pena la violación de las normas laborales que pongan en peligro grave y concreto la vida o la integridad física del trabajador.

Eduardo-Lorier-PresidenciaEl PCU promueve la aprobación inmediata de la ley y sin cambios que afecten su esencia. Es imprescindible para ayudar a bajar estos números tremendos de muertes y siniestralidad grave en el trabajo. ¿Creemos que la ley tendrá un efecto mágico? No, por supuesto que no. Es necesario un esfuerzo de contralor, un cambio cultural respecto a la seguridad en el trabajo. Todo eso se está haciendo y se hará más. Tanto el movimiento sindical, en el SUNCA, en la UNTMRA y en el propio PIT-CNT están capacitando y poniendo en acción a miles de militantes sindicales que actúan como delegados de seguridad en el trabajo. Lo propio están haciendo el MTSS, el BPS y el BSE. Pero todo lo que se haga es poco. Y experiencias de otros países donde se han aplicado instrumentos legales similares muestran o siniestralidad laboral mucho más baja que Uruguay como es el caso de España y otros países europeos o una baja sustantiva de accidentes cuando se aplica la ley como en Perú.

Hay que aprobar la ley y rápido en el Senado y el Frente Amplio debe garantizar con sus votos esta aprobación. Esta ley integra el conjunto de más de 60 leyes obreras aprobadas en los dos períodos de gobierno nacional del FA, que implican un avance histórico para nuestra sociedad toda. Algunas de las más importantes son la de Consejos de Salarios, la de Negociación Colectivo, la de Libertad Sindical, la de 8 horas para los trabajadores rurales, la de las Trabajadoras Domésticas, la reciente de extensión de la licencia maternal y paternal. Este conjunto de leyes es un avance trascendente y garantiza derechos elementales algunos y estratégicos. Pero esta ley en debate busca defender el más elemental de todos los derechos: el de la vida.

Algunas reflexiones finales. No hay que asustarse de la oposición cerrada de algunas cámaras empresariales y de la derecha. Toda la legislación laboral se ha hecho contra la opinión de los empresarios. Barbagelata, uno de los referentes históricos del Derecho en Uruguay, dice que si para aprobar leyes favorables a los trabajadores se esperara a contar con el acuerdo de los empleadores esas leyes no saldrían nunca. Así fue con la histórica ley de salud y seguridad en el trabajo del 21 de julio de 1914 que tan temprano dejaba claro las responsabilidades en la materia en su artículo 1: ”Los empresarios de establecimientos industriales, los directores de construcciones de todas clases, los que explotan minas y canteras o cualquier otro trabajo en que haya peligro para los operarios, quedan obligados, desde la promulgación de la presente ley, a tomar las medidas de resguardo y seguridad para el personal de trabajo, a efecto de evitar los accidentes originados en la utilización de máquinas, engranajes, etc., así como para deficiencias en las instalaciones en general. Estas medidas serán las indicadas para la reglamentación que comete al Poder Ejecutivo, la que deberá ser especial para cada industria o grupo de industrias análogas. Esta reglamentación será revisada periódicamente para incluir en ella las modificaciones y ampliaciones que aconsejen la ciencia y la práctica.”

La resistencia a esta definición en el gobierno de Batlle y Ordóñez fue furiosa por parte de los sectores conservadores. Así fue también con las leyes de 8 horas, el seguro por enfermedad, el salario vacacional y por supuesto, los Consejos de Salarios. Si se repasan las posiciones de las Cámaras Empresariales en esas discusiones se verá una continuidad histórica: auguraban las mismas catástrofes que auguran ahora. No es un problema de bondad o maldad, es un problema de intereses de clase.

En esta sociedad capitalista el sistema está organizado para garantizar los derechos de los dueños de los medios de producción, la lucha, y la movilización de los trabajadores organizados y sus instrumentos políticos, logran avances y conquistas, que introducen un nuevo punto de equilibrio, que tendencialmente siempre es favorable a las clases dominantes en esta sociedad, pero con avances de los trabajadores y del campo popular.

En esta ley ocurre lo mismo. Hay que votarla porque es de justicia. Porque es un instrumento para defender la vida y también, porque es un nuevo paso en la acumulación histórica a favor del pueblo y de su lucha.

Por: Eduardo Lorier (Senador del FA – Lista 1001)

Oscar Andrade, en Televisión Nacional, sobre la Ley de Responsabilidad Penal por accidentes laborales

 

 

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