Ley de interrupción voluntaria del embarazo: Más que un cambio de protocolos

zzzEn el último octubre se aprobó definitivamente en nuestro parlamento la Ley que habilita la Interrupción Voluntaria del Embarazo dentro de las primeras 12 semanas de gestación. Nuestro país, ha pasado a ser el segundo en Latinoamérica en consagrar este derecho. Constituye un antecedente de relevancia para el avance en este sentido en la región. Ahora, a medio año de aprobada la Ley, se hace necesario reafirmar sus aciertos, cuando desde veredas profundamente conservadoras y misóginas se alzan voces en su contra.

El aborto existe como práctica sistemática en nuestra sociedad. Existe más allá de los marcos legales que nos damos como sociedad. La pregunta es si somos capaces, en primera instancia, de reconocer este hecho de la realidad. Tratándose de un tema tan sensible, pareciera lógico que, una vez reconocido como problemática, se desarrollen medidas para darle una solución lo más efectiva posible. Pues bien, a partir de la promulgación de la Ley 18.987 hemos dado un paso significativo como sociedad, asumiendo que ni una sola mujer debe volver a practicarse un aborto sin atención médica y técnica adecuada; y entendiendo que la decisión de interrumpir el embarazo es una determinación que corresponde en última instancia a la mujer misma, y que ello no puede ser motivo de sanciones penales.

Además, es bueno señalar que previo a la aprobación de esta Ley, ya se han asumido por parte del Estado iniciativas para asegurar la zexistencia de servicios integrales de salud sexual y reproductiva. La Ley 18.987 consolida un paquete de medidas que ha evitado que más mujeres pierdan la vida realizando abortos por su cuenta o en clínicas clandestinas. Más aún, aquí no se trata de promover “al aborto como práctica anticonceptiva”, como desde posiciones reaccionarias comúnmente se manifiesta. Por el contrario, poner en el centro del análisis a la mujer y la contención que necesita es el paso más significativo que puede darse para preservar la vida en su acepción más amplia. Basta con entender lo traumática que la experiencia del aborto es efectivamente para cualquier mujer para borrar de plano la posibilidad de que el aborto pase a sustituir al conjunto de métodos anticonceptivos existentes.

Esta es una temática en donde nuestro punto de vista puede variar sensiblemente en función de dónde pongamos los acentos, la mirada. Y en ese sentido, no cabe ninguna duda de que cuando hablamos del aborto, de la interrupción voluntaria por parte de la mujer de su embarazo, hacemos referencia ineludiblemente a un problema de género y a un problema de clase.

Se trata de una cuestión de género en tanto la interrupción o no de un embarazo es una decisión que afecta, inevitablemente, de manera más drástica a la mujer que al hombre. Esto por la sencilla razón de que es la mujer quien gesta al feto y cualquier decisión respecto al mismo implica una decisión respecto a su cuerpo y su propia integridad. En definitiva, asignar penas a mujeres por tomar decisiones que tendrán un impacto más fuerte que en nadie en ellas mismas es profundamente irracional y machista. Es, una vez más, transitar el camino de la violencia y de la ajenidad: en lugar de acompañar a la mujer ante la posibilidad de un embarazo no deseado, se la juzga con exterioridad e inmensa hipocresía.

Visiblemente, es también un problema de clase, porque las mujeres que pertenecen a los sectores y clases sociales más pudientes de nuestra sociedad siempre han podido acceder a la atención en clínicas ginecológicas clandestinas de alto nivel de atención y acompañamiento. Este tipo de servicios ha sido inaccesible para la gran mayoría de nuestro pueblo, redundando en que muchas de nuestras mujeres terminaran perdiendo la vida intentando abortar con métodos caseros, muy precarios y violentos; muchas veces sin apoyo o contención de ningún tipo y en muy malas condiciones de higiene. Ante esta realidad consumada, la despenalización del aborto significa el reconocimiento de un derecho fundamental al conjunto de las mujeres de nuestro país. Y ese reconocimiento, hoy por hoy, es sin lugar a dudas una acción en favor de aquellas que con menos recursos socioeconómicos cuentan. Esta Ley quizás sea para las mujeres de las clases más altas apenas un ligero cambio de protocolos en la atención. Pero para la inmensa mayoría de las mujeres, que hasta ahora no tenían acceso a poder practicarse un aborto en mejores condiciones, esta ley representa, sin temor a exagerar, la diferencia entre la vida y la muerte.

Quizás sea tiempo de que todos volvamos a levantar manos naranjas, pero esta vez para decir ¡alto! a quienes desde posiciones zxmachistas, misóginas y profundamente conservadoras, una vez más, intentan decidir sobre los cuerpos de las demás.

Quizás también sea momento de que entendamos que la violencia machista es, paradójicamente, la madre de muchas otras violencias presentes en nuestra sociedad.

En una sociedad que aún es profundamente desigual, fundamentalmente, en términos de clase y de género, no debemos vacilar un segundo en defender una Ley, que a pesar de algunos retrasos, sin lugar a dudas es un avance sustancial para hacer de esta una sociedad más justa.

 Bruno López Altier

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