Ley para garantizar la libertad de información

10-estrategias-de-manipulacion_005El 21 de mayo el Consejo de Ministros aprobó y envió al Parlamento el proyecto de ley de Servicios Audiovisuales. La iniciativa tiene 183 artículos agrupados en XIII títulos.

Quizás la explicación más contundente a la necesidad de esta ley se encuentre en forma explícita en el artículo 181, que establece las derogaciones expresas y señala. “Derogase el Decreto Ley N° 14.670 de 23 de junio de 1977 y el Decreto Ley Nº 15.671 de 8 de noviembre de 1984”.

Esta ley, cuando se apruebe, derogaría los dos decretos de la dictadura, uno de 1977 en el momento de auge represivo y otro de 1984 a meses de caer, que hasta hoy rigen los medios audiovisuales en nuestro país. La necesidad de cambiar estas disposiciones tiene un doble fundamento: su origen espurio y su carácter obsoleto, ya que no contemplan ninguno de los enormes cambios tecnológicos registrados en estos 36 años. Es decir, hay que dotar a Uruguay de una normativa democrática y moderna para los medios audiovisuales.

En el mismo sentido, y abonando en los argumentos que hacen necesaria esta normativa, es imprescindible  cambiar la configuración de un sistema de medios de comunicación que se ha ido conformando por una práctica discrecional y clientelar en el otorgamiento de los permisos de frecuencias y que tiene cuatro características que lo definen: comercial, privado, concentrado y extranjerizado.

El proyecto de ley se hace para defender el derecho a la información, que es de toda la ciudadanía, individual y colectivamente hablando. Lo hace a través de promover y garantizar la pluralidad de ofertas informativas, tanto desde el punto de vista de la propiedad de los medios como de la generación y distribución de contenidos.

Es de enorme importancia la concepción filosófica que inspira el proyecto y que se refleja en la definición que hace de los medios contenida en su Exposición de Motivos: “La naturaleza de los Servicios de Comunicación Audiovisual, en tanto servicios culturales, de índole tanto económica como cultural, de carácter estratégico para el desarrollo nacional; y dispone que los mismos son de interés público, por lo que es deber del Estado, asegurar el acceso a los mismos, contribuyendo de esta forma a la libertad de información”.

Cinco aspectos centrales

A cuenta de un análisis más completo, porque esta discusión por suerte recién empieza, queremos destacar cinco aspectos centrales del proyecto de ley que el gobierno del Frente Amplio envió al Parlamento.

En primer lugar, establece un marco normativo global, con reglas de juego claras y estableciendo los derechos de los prestadores, es decir de los usufructuarios de las ondas que son de todos; pero también y por primera vez establece en un capítulo entero de la ley los derechos de los ciudadanos ante los medios.

En segundo lugar, establece mecanismos transparentes y democráticos de otorgamiento de frecuencias, terminando con la discrecionalidad y el clientelismo aplicado durante décadas por la derecha y la dictadura. Todos deberán participar de un concurso, presentar proyectos, serán evaluados. La ley establece un cambio fundamental, los permisos que hasta ahora no tienen plazo de finalización, ahora lo tendrán: 10 años para radio y 15 para televisión.

También se establecen límites contra la concentración de la propiedad y de la producción y distribución de contenidos, otra forma de controlar los medios que no es sólo por la propiedad. Cabe señalar,  porque no se dice, que ya el decreto de la dictadura de 1977, hoy vigente establecía un límite para la propiedad de medios, pero lo hacía para las personas. Podían tener hasta tres contando radios y canales de TV. Esta medida fue fácilmente eludible por el simple recurso de poner los medios a nombres de familiares, empleados o testaferros.

imagesEn la ley se introduce el concepto de grupo económico lo que limitará realmente la concentración. Para dar solo dos ejemplos. El grupo Romay tiene actualmente: Canal 4, Radio Montecarlo, Radio Cero, Radio Cero de Punta del Este, Canal 11 de Maldonado, Canal 3 de Colonia, Canal 8 de Rosario, Radio del Río de Colonia, Canal 4 de Dolores, Canal 12 de Fray Bentos, y a través de la empresa RUTSA, participación accionaria en dos canales de televisión en Durazno y Paso de los Toros; a eso hay que sumarle Montecable, participación en cables del interior y distribución de contenidos a través de la RED de Televisión en todo el país. El grupo De Feo tiene: Canal 10, Radio Carve, Radio Nuevo Tiempo, Canal 7 Pan de Azúcar, Canal 9 de Rocha, participación en los mismos canales que el grupo Romay a través de RUTSA, más el canal cable TCC en Montevideo y participación en cables del interior y distribución de contenidos por la RED. Con la aprobación de la nueva ley tendrán que entregar frecuencias y para eso se establece un período de transición y garantías. Es una medida concreta y sana contra la concentración de la propiedad y el control de los medios.

También en el plano de frenar y revertir la concentración de los medios y en este caso a manos de trasnacionales se establece una prohibición cruzada. Las empresas que tengan permisos de telefonía y transmisión de datos no podrán tener permisos de servicios audiovisuales y viceversa. Esto implica un doble freno, para Claro y Telefónica, que en varios países de América Latina lanzaron una ofensiva para hegemonizar la televisión digital y de los permisarios privados de tv de abonados que pretendían incursionar en la transmisión de datos.

ANTEL tendrá posibilidad de brindar contenidos de televisión a través del servicio de IPTV, televisión por internet, que no es considerado un servicio audiovisual.
Por otra parte se eleva el pago que tendrán que hacer los permisarios privados por el usufructo de frecuencias, tanto en televisión como en radio, estableciéndose exoneraciones para las radios del interior y para los canales de TV de localidades de menos de 20 mil habitantes.

En tercer lugar se crea una institucionalidad, hasta ahora inexistente para vigilar que la regulación legal se cumpla, defender los derechos de los medios ante el Estado y de los ciudadanos ante los medios. Se crea el Consejo de Comunicación Audiovisual, con participación de la sociedad civil y de la figura del Ombudsman para los ciudadanos.

infoxicacionEn cuarto lugar se crea el Sistema Nacional de Radio y Televisión Pública, que busca potenciar la calidad y la llegada de los medios públicos, además de optimizar los recursos.

En quinto lugar se establece a texto expreso la prohibición de la censura previa, tanto estatal como privada, la independencia de los medios de comunicación y la libertad editorial.

Un paso importante

Se inicia una discusión trascendente para la democracia y para el proceso de cambios en el Uruguay. Hay que destacar que el Frente Amplio está dando cumplimiento a un compromiso electoral, ya que la necesidad de una normativa que regule y democratice los medios de comunicación está en su programa de gobierno.

Sin duda es un avance y la discusión será muy importante en el Parlamento y en toda la sociedad. El proyecto es mejorable y dependerá como siempre de la correlación de fuerzas que se logre en la sociedad lo que finalmente se apruebe.

Gabriel Mazzarovich

Tomado de El Popular Nº 225

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