¿Acaso no matan a los caballos?

 se guri  En nuestro país, durante los últimos 25 años, se viene operando una importante y preocupante transformación de la sensibilidad punitiva.

Respecto al continente latinoamericano, no fuimos ni los primeros, ni los que más lejos llegamos en la instalación de esa suerte de “rigor punitivo” que hoy, como un fantasma, organiza nuestros miedos y percepciones respecto a los delitos y los delincuentes.

El fenómeno había tomado forma inicial en Gran Bretaña y Estados Unidos en la década de los años 80 (gobiernos de Reagan y Tatcher mediante) y se desplaza a nuestras tierras a partir de la segunda mitad de los años 90, tomando a Chile, Argentina y Uruguay como plazas experimentales de las supuestas acciones exitosas en la lucha contra el crecimiento de los delitos.

La pseudo teoría de “las ventanas rotas”, se transforma en nuestros países, previo accionar del folclor nacional, en las vernáculas versiones de “tolerancia cero”, “gatillo alegre”, “dispara primero, pregunta después”, “operativos corrales” y un largo etcétera que al menos en Uruguay no llegó a prosperar con la misma intensidad que en nuestros vecinos.

Sin embargo, el hecho de que tales políticas no se institucionalizaran en sus más radicales y derechistas versiones, no impidió que se instalaran en el país los efectos que el trabajo político sobre el delito produce.

images (1)Dentro de la gama de efectos producidos, además de la institucionalización conceptual de la palabra “inseguridad” (concepto anfibológico por excelencia), se instaló progresivamente una demanda popular que clamaba por formas más expresivas del castigo, entiéndase, más rigor penitenciario, más tiempo en prisión y una interpelación a toda la actividad de defensa de los derechos humanos de los/as privados de libertad.

En los medios de prensa por su parte, el delito aparecerá reposicionado como contenido fundamental de las noticias, al tiempo que se presenta como el escenario ideal para desdibujar, vía testimonios de las víctimas, todo posible vestigio de identificación humana del victimario.

El proceso que inicialmente toma como objeto al delincuente adulto, se desplaza rápidamente hacía una nueva figura: los adolescentes infractores y/o en conflicto con la ley penal.

Algunos argumentos, con una importante adhesión popular, legitimaron los cursos del desplazamiento.

En efecto, las largas y sistemáticas historias de fugas producidas desde los centros de privación de libertad que gestiona el INAU, vía SEMEJI, actual SIRPA, resultaron especialmente trabajadas desde instancias políticas, para fundamentar la necesidad de una normativa más rigurosa.

Se comenzaba así un camino, donde políticamente se disociaba la capacidad de administración y cumplimiento de las medidas dispuestas por la Justicia Penal Adolescente, de la cuestión de la responsabilidad penal de los adolescentes, la maniobra política dio rápidamente sus frutos: en la percepción popular ello indicaba impunidad.

Conseguido el efecto inicial, el discurso punitivo convirtió, retórica política mediante, los problemas organizativos de una institución, en problemas vinculados a la falta de imputabilidad.

De nada sirvieron las declaraciones que recordaban, que en Uruguay, los adolescentes son penalmente imputables y por ello susceptibles de ser sometidos a proceso infraccional, desde los 13 años de edad.

En el imaginario popular uruguayo los adolescentes uruguayos actúan con impunidad, a caballo de esta idea y desarrollándola con premeditación y alevosía, pero también con una alta cuota de irresponsabilidad institucional, se organizó con el concurso de sectores del Partido Colorado y el Partido Nacional, la larga carrera para la recolección de firmas, con vistas a una reforma que declarara a los adolescentes imputables desde los 16 años.

no a la baja liberarceLa propuesta sería un sinsentido, ya que los adolescentes son imputables desde los 13 años de edad, si olvidamos que la misma propone, luego de un aluvión de críticas, la internación de los mismos en un Sistema diferenciado del Sistema Penal Adulto.

Y justamente, es en este punto, donde se manifiesta la irresponsabilidad institucional, porque: ¿No partía el proyecto de las críticas al Sistema que administra INAU? ¿Si dicho Sistema adolece de tales problemas, es creíble que se pueda institucionalizar una nueva institución, que de la noche a la mañana los solucione? ¿Es políticamente serio imaginar que a la par de la transformación que se viene realizando, de un históricamente depauperado Sistema Penal de adultos, se proponga la creación de un nuevo Sistema sólo para adolescentes entre 16 y 18 años?

En tal caso ¿qué sentido político tiene la reciente creación, Ley mediante, del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA) y su proyección a futuro como ente autónomo/organismo descentralizado, acordado por todos los Partidos políticos?

Avanzar hacia la denominada “baja de la imputabilidad” es avanzar hacia muchos peligros, las comparaciones con Sistemas de otros países (sobre todo de aquellos países comprometidos con estrategias de “Ley y Orden”), como argumentos para estimular un mayor punitivismo, resultan cuando menos poco serios y desconectados de la realidad nacional.

Cualquier análisis empírico del comportamiento de las infracciones de nuestros adolescentes, desmiente rotundamente, todas y cada una, de las afirmaciones usadas para estimular el miedo y el deseo de mayor rigor punitivo.

En tal sentido, vale recordar una sistemática estratagema de los políticos: suelen arrojar monedas a la fuente de los deseos con la intención de generar tranquilidad en la población.

En el campo de las Políticas Criminales, cualquier decisión es política, ello no se discute, sin embargo, lo que se torna inaceptable es que la discusión y la impetuosidad política no se dirija con la misma fuerza, hacia la dirección que importa, es decir hacia el problema fundamental del qué vamos a hacer con los adolescentes toda vez que estos estén tanto o más cuantos años en privación de libertad.

O bien, cómo vamos a recibirlos, para que una vez cumplida la medida, encuentren suficiente soporte social que interrumpa la posible continuidad de la trayectoria delictiva.

Estas decisiones, al ser políticas comprometen todo el horizonte de futuro de los adolescentes del país, los que están y los que vendrán.

Podemos, es lo que suele hacerse desde la política, cambiar las leyes, recrudecer los períodos de internación, llegar a la prisión perpetua (la muerte cívica) o avanzar hacia la pena de muerte.

Podemos también, dormir tranquilos respecto a las condiciones en que se hallan los mismos durante la privación de libertad, es una elección, si total ¿acaso no matan a los caballos?

 Lic. Rolando Arbesún Rodríguez

Asistente e Investigador, Instituto de Psicología Social, Facultad de Psicología, UdelaR.

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