Los mismos derechos, con los mismos nombre: Matrimonio igualitario

banderaEste proyecto de reforma del Código Civil busca democratizar el matrimonio y garantizar el acceso de toda la ciudadanía a esta institución, resolviendo varios problemas e inequidades pendientes.

El proyecto incluye al matrimonio de personas del mismo sexo pero apuesta a un objetivo mayor: lograr la igualdad entre los géneros y una mayor libertad entre los futuros cónyuges al momento de definir aspectos de filiación y los mecanismos de disolución de este contrato. Con esto se busca democratizar y establecer la igualdad entre la totalidad de los ciudadanos y ciudadanas. Es por esta razón que la filosofía que recorre al proyecto busca evitar la mera modificación, por vía de excepción, de algunos artículos para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es decir, no se trata de una modificación que plantea un simple agregado de una nueva particularidad en el modelo de familia, sino que es una reforma que busca generar un verdadero mojón en el proceso de construcción de la igualdad jurídica de todos los uruguayos y uruguayas.

En el nombre del padre… o de la madre

Entre las reformas establecidas en el proyecto de ley presentado por el Colectivo Ovejas Negras se plantea que las parejas tengan la opción de decidir cual será el orden de los apellidos de sus hijos o hijas.

El objetivo es lograr la democratización de la filiación dentro de la familia. Hasta ahora los hombres poseían el privilegio de imponer como primer apellido a todos sus hijos el suyo. El proyecto busca abrir la opción a que la pareja pueda decidir entre ambos si esto debe permanecer así, o si el orden puede ser diferente. El proyecto de matrimonio igualitario busca garantizar la igualdad entre los y las ciudadanas y democratizar este aspecto de la institución que hasta el momento daba privilegios exclusivos a los hombres.

No existen problemas legales de ningún tipo con esta modificación, en la medida que las partidas de nacimiento establecen con claridad la filiación de todos los miembros de la familia (certificación que siempre está disponible en el caso que sea pedida a título expreso para temas sucesorios y trámites de todo tipo).

Lo nuestro se acabó

Otra de las reformas sustanciales del proyecto se presenta en el tema de las causales de divorcio. Hasta la fecha la ley establecía como causal de divorcio la “sola voluntad de la mujer”. El nuevo proyecto permite que ambos miembros de la pareja (sea cual sea su sexo) puedan recurrir a esta vía sin la necesidad de inventar, como se hace actualmente, una causal de riñas y disputas para llevar adelante el trámite de forma rápida.

 

Las voces del miedo

Muchas voces se levantarán en contra de este proyecto. Algunos plantearán que la homosexualidad es una enfermedad.  Y que por lo tanto reconocer el matrimonio igualitario es una forma de dar reconocimiento legal y de legitimar algo que está mal. Si alguien quiere vivir esa sexualidad en su vida privada allá él, pero nunca puede tener reconocimiento por parte del Estado. Estos argumentos además de no tener asidero científico desconocen todos los pronunciamientos de distintos organismos que declararon que la homosexualidad no es una enfermedad. Así lo señalaron la Asociación Americana de Psiquiatría (1973), la Organización Mundial de la Salud  (1991), la Asociación Americana de Psicólogos (1976), la Academia Americana de Pediatras (2002) y la Asociación Psicoanalítica Americana (2002). Todo argumento que busca patologizar a los homosexuales es una forma de discriminación y prejuicio. No existe razón alguna para negar la igualdad ante la ley a todos/as los/as ciudadanos/as.

Otros fundamentarán que no hay problema en reconocer estas relaciones, pero que deben ser llamadas de otra forma. Su argumento principal es el etimológico.  Fundamentan que la palabra matrimonio – de mater (madre) y monium (función o derecho) – nace como prerrogativa concedida a la mujer para legitimar a los hijos y constituye una razón lingüística o etimológica que limitaría la posibilidad de acceso de quienes no son heterosexuales al matrimonio.  Este planteo es reduccionista, ya que si en la actualidad  nos rigiéramos por la etimología, la institución jurídica del patrimonio, por ejemplo, alcanzaría exclusivamente a los varones, porque proviene de pater (padre). Así, las mujeres no tendrían derecho a patrimonio alguno. Lo mismo sucedería con las palabras “patria potestad” o “salario” como ejemplo. El concepto etimológico de las palabras evoluciona en el tiempo.

No faltarán tampoco los que esgriman argumentos del corte “naturalista”. Remarcarán que el matrimonio es una institución natural entre un hombre y una mujer que implícitamente lleva a la procreación y que en las uniones homosexuales esto es imposible. Afirmarán que existe un orden natural: macho-hembra, hombre-mujer con un proyecto común de procreación de la especie.

Pero estas suposiciones de existencia de una “ley natural” y “una moral reguladora” refieren a ámbitos confesionales, y no al ámbito civil, que es el que atañe a los legisladores. El matrimonio no es sinónimo de procreación, sino un contrato para dar protección legal a una familia. El proyecto busca extender esta protección legal a todos los arreglos familiares existentes actualmente en la sociedad uruguaya y democratizar así esta institución.  Muchas parejas heterosexuales se casan y no pueden o no quieren tener hijos, pero a nadie se le ocurre negarles el derecho a casarse.

Los profetas del fin del mundo

En una oposición más rígida e intolerante se pueden agrupar varios argumentos. Algunos/as compatriotas establecerán su férrea negativa fundamentando que el matrimonio es un mandamiento, un “sacramento” de la Iglesia Católica, es sagrado y la base de la sociedad,  olvidándose que este es un proyecto legal y no una reforma religiosa. El matrimonio “civil” puede disolverse y acceder a él personas de distintas religiones y quienes, inclusive, no tienen religión alguna.  El Estado laico debe otorgar derechos civiles a quienes no los tienen. Para el Estado no es un mandamiento: es un derecho, un contrato entre particulares.

El matrimonio civil sufrió transformaciones legales en varias ocasiones. Al principio consagró al varón como jefe de familia indiscutido y titular exclusivo de la patria potestad sobre sus hijos, impuso fuertes restricciones a los derechos civiles de la mujer y consolidó la diferencia jurídica entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales.  Con la progresiva emancipación de la mujer se le fueron reconociendo dentro de esta institución los mismos derechos que los hombres (patria potestad, derecho a decidir el lugar de residencia de mutuo acuerdo, etc.).

Cada vez que se buscó introducir una reforma en esta institución los sectores conservadores y religiosos siempre pronosticaron el fin de los tiempos, del amor filial, de la estabilidad social. Con la aprobación de la ley de divorcio se pronosticó una “avalancha de divorcios” y el fin de la familia. Nada de eso ocurrió.

El matrimonio igualitario no es un atentado contra la familia heterosexual. Busca legitimar la ampliación del concepto de familia tradicional y reconocer la diversidad de familias que existen en el Uruguay de hoy. Busca la protección integral de las familias. Refiere al derecho fundamental que tienen absolutamente todas las personas a fundar una familia, derecho que proviene expresamente de la Constitución y de todos los tratados sobre Derechos Humanos.

Es importante para toda la sociedad en la medida que establece una igualdad jurídica sin la cual se violentan los derechos de miles de ciudadanos en forma cotidiana. La igualdad ante la ley de todos/as los/as ciudadanos/as es un tema prioritario en la agenda de cualquier gobierno de izquierda.

 Federico Graña


Para acceder al proyecto de ley visite  http://www.ovejasnegras.org

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